La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del artículo 32 de la ley del Plan de Desarrollo, que modifica las determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y crea las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

El Ministerio Público señaló que  desconoce la autonomía territorial y las facultades de los concejos municipales previstas en los artículos 1, 287, 288, 311 y 313.7 de la Constitución.

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El ente de control consideró que con este artículo el poder público queda concentrado en un solo titular, el Estado.

La Procuraduría señaló que la Corte Constitucional, ha explicado que el Congreso está obligado a conciliar los principios de unidad, autonomía territorial y descentralización a través de la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. 

Para estos efectos, el legislador debe establecer un sistema de limitaciones recíprocas, en las que  la centralización política es el límite del principio de autonomía territorial; mientras que el principio de Estado unitario se encuentra limitado por el núcleo esencial de la autonomía territorial, desbordado al limitar las competencias municipales en desmedro de las competencias constitucionales de los municipios.

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Las APPA fueron planteadas por el Gobierno son aquellas ubicadas en la frontera agrícola nacional que deben mantenerse en el tiempo para la producción de alimentos.